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Propone garantizar de manera obligatoria un defensor público o privado

 La comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,  aprobó  una iniciativa de reforma del diputado del PRD, Roberto Dávalos Flores, que propone garantizar  de manera obligatoria un defensor  público o  privado, a aquellos funcionarios presuntos responsables  de una falta administrativa, siempre y cuando no cuenten con los recursos económicos para  ser asistidos  por un defensor particular y así  se les garantice una defensa adecuada.

Esta iniciativa con proyecto de decreto,  platea  la reforma  a la Fracción II del Artículo 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

Roberto Dávalos, explicó que actualmente la  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en su Artículo 66,  en su fracción II,  no contempla  la obligatoriedad de  que el servidor  público  sea asistido  cuando se le cita a comparecer por  un defensor particular o defensor público, de ahí  el interés de la reforma.

“No todos son expertos en el conocimiento de la ley, pues existen aquellos que además de su condición, no cuentan con recursos económicos para contar con un abogado que los defienda”, reiteró Dávalos Flores

Ante los integrantes de la comisión que preside: Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dejó claro que “Soy un   un firme convencido de que todo servidor público que viole la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, se les apliquen las sanciones conforme a lo que marca la ley.”.

Expuso  que los servidores públicos de niveles medios a bajos, han sido los más perjudicados por no llevar una defensa adecuada y se ve afectado no solo él, sino también a sus hijos, a la pareja, padres, etc. “Inclusive pone en peligro la educación de sus hijos, quienes al no contar con un sustento económico, se ven forzados a abandonar sus estudios”.

La iniciativa aprobada esta mañana  en  el seno de la comisión de Gobernación, tuvo el aval  de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, de los representantes del Ejecutivo y votada a favor por los integrantes de dicha comisión: La diputada del PRI, Miriam Ayón,   el diputado del PAN, Cuauhtémoc  Cardona Benavides del PAN, del  Partido Encuentro Social,  Rodolfo Olimpo Hernández  y del Partido Estatal de Baja California, Felipe Mayoral Mayoral.

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