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Detiene gobiernos Venesolano a directivos de cadena farmacéutica Farmatodo

Dos altos ejecutivos de Farmatodo, la mayor cadena de farmacias de Venezuelafueron arrestados en medio de una severa crisis económica que llevó al gobierno a endurecer las sanciones contra el sector empresarial.

Dirigentes empresariales y opositores afirmaron que esas acciones incrementarán el clima de inseguridad jurídica, ahuyentarán las inversiones privadas, y agravarán la recesión, la inflación y el desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos.

Las detenciones se sumaron a la ocupación por el gobierno de una cadena de pequeños supermercados y la detención de cinco empresarios.

Un juzgado capitalino dictó el arresto del presidente ejecutivo de Farmatodo, Pedro Luis Angarita Azpurua, y el vicepresidente de operaciones, Agustín Antonio Álvarez Costa, imputados por «boicot» y «desestabilización de la economía», dijo la Fiscalía General en un comunicado que fue difundido la noche del miércoles.

Angarita y Álvarez habían sido detenidos el pasado 31 de enero con otros cinco gerentes de la cadena tras una inspección de funcionarios del organismo encargado de supervisar el control de precios y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) — la policía política — a una farmacia de la cadena en la capital donde había una larga fila de compradores.

Los cinco gerentes quedaron en libertad, pero Angarita y Álvarez permanecieron detenidos prestando declaración durante cuatro días en la sede de la policía política.

Una gerente de Farmatodo, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar, dijo que tras el arresto de los dos altos ejecutivos «no han recibido ninguna notificación» de las autoridades sobre algún proceso, y aseguró que las operaciones del grupo «siguen normales».

Farmatodo es uno de los mayores grupos empresariales de Venezuela que se constituyó hace 96 años. La empresa tiene una nómina de 9 mil empleados, un centro de distribución en el estado central de Miranda, y una red de 167 farmacias en todo el país. El grupo también tiene presencia en Colombia.

La detención de los dos altos ejecutivos coincide con la ocupación temporal que acordó el gobierno el pasado 2 de febrero de la cadena de pequeños mercados Día Día y la detención de cinco ejecutivos de una distribuidora de carnes del estado occidental de Falcón.

El presidente de la mayor cámara de empresarios del país, Jorge Roig, dijo en su cuenta de Twitter que «ahora los empresarios engrosarán la lista de presos políticos de este gobierno».

El gobierno le declaró la guerra económica a los empresarios venezolanos», afirmó Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas.

Afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está recurriendo a la «represión» para tratar de enfrentar la escasez de alimentos y otros bienes que se ha recrudecido en las últimas semanas, y la multiplicación de las largas filas de clientes en las puertas de los comercios.

Maldonado dijo que las acciones del gobierno agudizarán los problemas económicos. «Con el miedo no se produce más, con el miedo se produce menos. Los países donde hay confianza social son los países más prósperos y ese no es caso de Venezuela porque la confianza ha sido sustituida por la arbitrariedad y la represión dura y pura», agregó.

La inflación cerró año pasado sobre 64 por ciento —la mayor de la región, y el aparato productivo tuvo una contracción de 2.8 por ciento. Analistas y bancas de inversión proyectaron que los problemas económicos de Venezuela se agravarán este año por la caída de los precios del petróleo que es la principal fuente de ingresos del país.

Maduro sostiene que la crisis que enfrenta Venezuela es consecuencia de una «guerra económica» del sector empresarial y la oposición. El gobierno ha señalado a algunas empresas de recurrir al almacenamiento irregular de mercancías para intensificar los problemas de desabastecimiento, y de incrementar de forma desproporcionada los precios para elevar sus ganancias.

Los empresarios rechazan los señalamientos del gobierno y aseguran que la crisis responde al agotamiento del modelo de control de precios y cambio vigente desde hace doce años.

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